Asaja-Huelva exige al Gobierno que incluya al Andévalo en la declaración de zonas catastróficas del próximo Consejo de Ministros
La organización agraria recuerda que los incendios arrasaron alrededor de 6.300 hectáreas y ocasionaron unas pérdidas iniciales de, al menos, 35 millones de euros, sin incluir la falta de productividad ni el coste completo de la restauración
Huelva, 27 de julio de 2026.- Asaja-Huelva exige al Gobierno de España que incluya las áreas afectadas por los incendios forestales del Andévalo onubense en la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil que está previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros.
La organización agraria realiza esta petición después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este domingo, durante su visita a las zonas afectadas por el incendio de Ávila, que el Consejo de Ministros aprobará el martes la declaración para los territorios castigados por los graves incendios forestales registrados durante los últimos días.
Asaja-Huelva considera que existen razones objetivas y suficientemente acreditadas para que el Andévalo sea incorporado a dicho acuerdo. Los incendios registrados en la provincia de Huelva afectaron a alrededor de 6.300 hectáreas de los términos municipales de Alosno, Villanueva de los Castillejos, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, de las que aproximadamente 4.000 hectáreas correspondían a dehesas productivas.
A esta enorme afección territorial se suma una valoración inicial de daños que Asaja-Huelva cifró en más de 35 millones de euros. Esta cantidad recoge fundamentalmente las pérdidas de biodiversidad, arbolado e infraestructuras de las explotaciones, pero no incluye todavía el frenazo a la productividad en los próximos años de las distintas actividades económicas ni el coste total de los trabajos de restauración que deberán acometerse. Por tanto, el impacto económico real será sensiblemente superior.
Los incendios han golpeado explotaciones ganaderas, agrícolas, forestales, cinegéticas, apícolas y turísticas, destruyendo dehesas, pastos, cerramientos, conducciones de agua, instalaciones y masa arbórea. Los daños comprometen la continuidad de numerosas explotaciones y afectan directamente a la economía, el empleo, el patrimonio natural y la fijación de población en una comarca especialmente vulnerable.
El Andévalo no puede quedar nuevamente excluido
Asaja-Huelva sostiene que resultaría difícilmente justificable que el Gobierno reconociera la gravedad de los incendios sufridos recientemente en otras provincias españolas y dejara fuera al Andévalo, pese a la amplitud de la superficie arrasada, la relevancia de las pérdidas y la documentación ya presentada ante las distintas administraciones.
La organización recuerda que viene reclamando la declaración de zona catastrófica desde los primeros días posteriores a los incendios y que ha elaborado un informe técnico y económico detallado con la información aportada por los propietarios afectados. La documentación fue remitida a la Junta de Andalucía y trasladada también a la Subdelegación del Gobierno para facilitar la tramitación de esta declaración y la articulación de las ayudas necesarias.
Durante la reciente reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno y los alcaldes de los cuatro municipios afectados, la Subdelegación se comprometió a elevar la documentación al Gobierno de España, estudiar las líneas de ayuda disponibles y trasladar la situación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Asaja-Huelva considera que el anuncio del presidente del Gobierno representa una oportunidad inmediata para cumplir ese compromiso y evitar nuevas demoras. Por ello, reclama que el acuerdo que adopte el Consejo de Ministros incluya expresamente los términos municipales afectados del Andévalo onubense y permita activar ayudas directas, beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, financiación para la restauración y recursos para la reparación de las infraestructuras destruidas.
Ayudas para una restauración inasumible
La organización agraria insiste también en que la declaración debe ir acompañada de medidas adaptadas a la realidad de las explotaciones afectadas. La normativa forestal obliga a los propietarios a restaurar las superficies incendiadas, pese a que son víctimas del fuego y carecen, en la mayoría de los casos, de seguros que cubran este tipo de pérdidas.
Asaja-Huelva rechaza que agricultores, ganaderos y propietarios tengan que asumir en solitario una restauración que supera ampliamente su capacidad económica después de haber perdido infraestructuras, recursos naturales, producción y años de trabajo.
“Los datos están acreditados, los daños han sido evaluados y la documentación está en manos de las administraciones. El Gobierno no tiene ninguna razón para excluir al Andévalo. El próximo Consejo de Ministros debe reconocer la dimensión de esta catástrofe y aprobar las medidas que los afectados llevan semanas esperando”, concluye Asaja-Huelva.
