Pasar al contenido principal

ASAJA-Huelva cifra en al menos 35 millones de euros los daños de los incendios del Andévalo y reclama una respuesta urgente y coordinada de todas las administraciones

La organización agraria respalda la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil y la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario para acelerar la recuperación ambiental y económica de las explotaciones afectadas

Huelva, 1 de julio de 2026. Asaja-Huelva ha elevado a las administraciones un informe técnico de valoración de daños que confirma la gravedad excepcional de los incendios forestales registrados en junio en la comarca del Andévalo y que afectaron al término municipal de Alosno y más tarde, debido a una negligencia en labores realizadas en una de las fincas afectadas, a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. Este informe se ha elaborado tras la reunión mantenida con los afectados en la sede de la organización el pasado 10 de junio, cuando el incendio aún no se había extinguido completamente, y con los datos disponibles hasta esa fecha, la organización agraria cifra en al menos 35 millones de euros las pérdidas directas estimadas en las fincas privadas afectadas, una cuantía que, según advierte, no refleja aún la dimensión completa del desastre, puesto que no incorpora ni la falta de productividad de las explotaciones durante las próximas décadas ni el coste de los trabajos de restauración que deberán acometerse durante los próximos años.

Los dos incendios analizados en el documento han arrasado 6.007 hectáreas en total. El primero se inició el 4 de junio en el término municipal de Alosno y afectó a más de 1.100 hectáreas repartidas entre Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos. El segundo se produjo el 8 de junio, apenas un día después de que INFOCA diera por extinguido el anterior, en una zona próxima del término municipal de Villanueva de los Castillejos, y alcanzó más de 5.000 hectáreas en Villanueva, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. En ambos casos, las condiciones de viento elevado, las altas temperaturas y la vegetación existente favorecieron una propagación extremadamente rápida en dirección sureste.

La gravedad de la situación fue abordada el pasado 24 de junio en una reunión celebrada en los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en Sevilla, en la que participaron representantes de la Junta de Andalucía, de Asaja-Huelva, de la Federación Onubense de Empresarios, de empresas forestales y de entidades técnicas vinculadas a la recuperación del territorio. En el encuentro se analizó una superficie perimetrada aproximada de 6.345 hectáreas afectadas por el fuego y se acordó avanzar en una hoja de ruta común que permita combinar la restauración ambiental con la recuperación del tejido productivo de las explotaciones forestales, agrícolas, ganaderas y cinegéticas damnificadas.

Por parte de la Junta de Andalucía asistieron Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Consolación Vera Sánchez, viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Álvaro Burgos Mazo, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva; José Manuel Correa Reyes, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva; Pedro Yórquez Sancha, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva; Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; y Jaime González Seco, responsable de Coordinación General de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.

Por parte de las entidades afectadas participaron José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios y presidente de Asaja-Huelva; Daniel Caldentey Raya, secretario general de la Federación Onubense de Empresarios; Félix Sanz, secretario general de Asaja-Huelva; Vicente Domínguez Pérez, responsable del Departamento de Medio Ambiente, Forestal y Caza de Asaja-Huelva; Gonzalo Pascual Amuedo, vocal de la Junta Directiva de Asaja-Huelva; Óliver Camacho Avilés, representante de Bifesa, Bienvenido Fernández Arias, S.L., y presidente de la Asociación de Empresas de Aprovechamiento de Madera y Biomasa de Huelva, Apromabi; y Juan Andrés Reales Bravo, gerente de Realza Ingenieros, grupo Gabitel.

Durante la reunión, Asaja-Huelva trasladó a la Consejería las circunstancias singulares de estos incendios, que han afectado a terrenos de alto valor ecológico, prácticamente en su totalidad de propiedad privada, con predominio de superficies forestales de dehesa y con una fuerte vinculación a la ganadería extensiva, la actividad cinegética, la agricultura, los aprovechamientos forestales y la conservación de la biodiversidad. La organización insistió en que el daño ocasionado no puede reducirse a una cifra de hectáreas quemadas, sino que debe entenderse como una pérdida estructural de patrimonio natural, productivo y socioeconómico para el Andévalo onubense.

Asaja-Huelva subraya que no se trata de un incendio menor ni de una afección limitada a matorral o pastos sin valor productivo. El informe concluye que la mayor parte de la superficie dañada corresponde a dehesa, uno de los ecosistemas más característicos, valiosos y frágiles de la provincia de Huelva. De las 5.863,50 hectáreas clasificadas según tipo de vegetación, una vez descontadas las islas interiores no quemadas, 3.620,65 hectáreas corresponden a dehesa con pastizal o con matorral. Si a esa superficie se suman las 297 hectáreas de forestaciones de quercíneas, el ecosistema de dehesa y su regeneración futura representan casi 4.000 hectáreas afectadas, cerca del 67% de la superficie evaluada.

Para Asaja-Huelva, este dato es determinante, porque el daño producido no puede medirse únicamente en términos de superficie. “Estamos hablando de encinas, alcornoques, pastos, montanera, ganadería extensiva, caza, biodiversidad, infraestructuras y economía rural. La dehesa no se recupera en una campaña ni en una legislatura; necesita décadas. Cuando arde una encina adulta, no desaparece sólo un árbol, desaparece una parte esencial del equilibrio productivo y medioambiental del Andévalo y un recurso que tardará décadas en recuperarse”, ha valorado la organización.

El informe detalla que la práctica totalidad de la superficie total afectada pertenece a propietarios privados asociados a Asaja-Huelva. En total, la superficie privada evaluada corresponde a más de 27 titulares afectados, cuyos datos han servido de base para cuantificar los daños individualizados, sin que la organización haga públicos los nombres de las fincas por respeto a la privacidad de los propietarios.

La partida más elevada corresponde al daño forestal, que se eleva a cerca de 30,5 euros. El informe contabiliza 722.445 unidades o afecciones en arbolado y material forestal, con un impacto especialmente severo sobre encinas y alcornoques, además de otras especies y afecciones a material ya cortado. Asaja-Huelva insiste en que esta valoración se ha realizado atendiendo al estado productivo del arbolado y con valores medios acordes a este tipo de aprovechamientos en la provincia de Huelva.

En cuanto al impacto ganadero directo, se han perdido 52 cabezas: 43 bovinos, 8 ovinos y 1 equino. No obstante, la organización advierte de que esta cifra no recoge las consecuencias indirectas que sufrirán los animales que han permanecido en las explotaciones y que ahora deberán sobrevivir sin alimento en su medio natural, dependiendo de suplementos de pienso y paja. “Tras la extinción llega una segunda emergencia, que es mantener con vida y en condiciones a la ganadería extensiva en fincas donde han desaparecido los pastos, las sombras, los cerramientos y parte de las infraestructuras básicas”, explican desde Asaja-Huelva.

En el capítulo cinegético, tanto en caza mayor como en caza menor, han resultado afectados 26 cotos privados de caza. El informe advierte de que no se ha podido contabilizar el elevado número de fauna silvestre muerta, por la imposibilidad de localizar rastros suficientes tras el paso del fuego, aunque la organización considera que las pérdidas han sido “elevadísimas”. Asaja-Huelva recuerda además que algunos de los acotados afectados se encuentran entre los más relevantes de la provincia, por lo que el golpe no se limita a una pérdida ambiental, sino también a una actividad económica profundamente arraigada en el territorio.

En el ámbito agrícola, han resultado afectados cultivos de olivos de secano ecológico, olivar de riego, algarrobos, cereales, leguminosas, pastos y siembras destinadas al consumo del ganado, además de otros cultivos. A esta cantidad se suman daños apícolas correspondientes a 43 colmenas, aunque el propio informe advierte de la existencia de muchas más colmenas afectadas cuya valoración ha resultado difícil para los propietarios. También se incluyen los daños vinculados a la montanera, sin que se haya incorporado el lucro cesante derivado de la pérdida de encinas y alcornoques, que comprometerá este aprovechamiento durante muchos años en numerosas explotaciones.

Las infraestructuras agrarias, ganaderas, cinegéticas y de riego han sufrido daños entre los que figuran 59.685 metros de alambradas ganaderas, 9.900 metros de alambradas cinegéticas, caminos, entradas a fincas, porteras, cancelas, edificaciones, muros de piedra, embalses, depósitos, bebederos, abrevaderos, conducciones de riego, mangueras, bombas, cableado, protectores individuales, comederos de fauna silvestre, corrales de manejo, maquinaria, remolques, mallas de sombreo y otros gastos directos en explotaciones agrícolas. Para Asaja-Huelva, esta relación evidencia que el fuego ha golpeado la estructura básica de funcionamiento de las fincas, no sólo su cubierta vegetal.

En la reunión mantenida con la Junta de Andalucía, Asaja-Huelva trasladó que la respuesta al incendio debe abordarse diferenciando tres planos complementarios. El primero corresponde a los daños directos, inicialmente valorados en torno a 30 millones de euros en explotaciones, arboleda, infraestructuras, instalaciones, cerramientos, maquinaria y demás bienes afectados. El segundo se refiere a los daños derivados de la emergencia, estimados en aproximadamente 2,5 millones de euros, vinculados a actuaciones urgentes para garantizar la seguridad, suministrar alimento y agua a los animales, restablecer accesos y minimizar riesgos inmediatos. El tercero corresponde a la restauración y recuperación ambiental y productiva, cuya cuantificación requerirá estudios técnicos específicos por tratarse de actuaciones a medio y largo plazo.

La Junta de Andalucía trasladó durante el encuentro su compromiso de impulsar una actuación coordinada entre las distintas administraciones y el sector privado. Entre las líneas de trabajo abordadas figuran el refuerzo de la política forestal andaluza, la puesta en valor de la gestión forestal sostenible, el reconocimiento de los servicios ecosistémicos, la defensa de la actividad agro-silvopastoral como herramienta de prevención frente a incendios, la mejora de las infraestructuras de defensa, la colaboración público-privada en la restauración del territorio y la elaboración de un Plan Integral de Recuperación para la zona afectada, incluyendo también la actividad cinegética.

Asimismo, se planteó promover ante el Gobierno de España la declaración de la zona como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, figura regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la elaboración de los informes técnicos de valoración de daños que permitan su elevación al Consejo de Ministros y la posterior activación de las líneas extraordinarias de ayuda previstas en la normativa vigente. De forma complementaria, se acordó promover ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, con el objetivo de agilizar la recuperación de las explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas afectadas, reparar infraestructuras rurales y movilizar ayudas autonómicas.

Entre las medidas concretas ofrecidas por la Junta destaca la puesta a disposición de la Red de Viveros Forestales de Andalucía, que podrá apoyar técnicamente la recuperación de la zona mediante el suministro planificado de planta autóctona adaptada a las condiciones del territorio, la selección de material forestal adecuado y el acompañamiento técnico en las actuaciones de restauración. Asaja-Huelva valora esta medida como un instrumento útil para la recuperación progresiva de la cubierta vegetal, el control de la erosión, la mejora de hábitats y la reposición del potencial forestal dañado, siempre que se articule dentro de una planificación suficiente, dotada económicamente y coordinada con los propietarios afectados.

Asaja-Huelva considera que la dimensión de los daños justifica plenamente la activación de todos los mecanismos administrativos disponibles. La organización reclama ayudas directas, medidas fiscales, líneas de financiación, apoyo técnico, cobertura para la reposición de infraestructuras y mecanismos que permitan afrontar la restauración forestal sin cargar exclusivamente sobre los titulares privados el coste de recuperar un ecosistema que presta un servicio ambiental, económico y social al conjunto de la provincia.

“El Andévalo no puede quedar solo ante una catástrofe de esta magnitud. Los propietarios, ganaderos, agricultores y titulares cinegéticos han perdido patrimonio, producción, biodiversidad, infraestructuras y capacidad de generar actividad económica. Pero también ha perdido Huelva, porque se ha producido una herida profunda en uno de sus ecosistemas más identitarios”, ha afirmado Asaja-Huelva.

La organización recuerda que muchos titulares aún no han podido cuantificar todas sus pérdidas, por lo que el balance económico final será previsiblemente superior al recogido en este primer informe. Precisamente por ello, Asaja-Huelva considera imprescindible que las administraciones no esperen a disponer de una valoración cerrada para comenzar a actuar. “Las cifras ya son lo suficientemente contundentes como para activar de inmediato todos los mecanismos de apoyo. Cada semana que se pierda agravará la situación de las explotaciones y retrasará la recuperación de un territorio que va a necesitar años, y en algunos casos décadas, para cicatrizar”, ha concluido.